• La APC ha trasladado el caso al Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía y ha enviado una queja a la Diputación 

  La Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) muestra su rechazo a la última oferta de empleo publicada por la Empresa Provincial de Información de Cádiz (Epicsa), de la Diputación. En las bases de la convocatoria se pide el grado en Publicidad y Relaciones Públicas, pero no incluye las de periodismo o comunicación audiovisual, para la realización, entre otras, de labores propias de un periodista, como es la redacción y publicación de noticias en la web e intranet de Epicsa.

  La organización profesional cree que las instituciones públicas deben dar ejemplo a la hora de profesionalizar y exigir la titulación pertinente, que por la descripción del puesto ha de incluir a licenciados en Periodismo y Comunicación Audiovisual. La APC considera que sería deseable que se reformule la convocatoria y que no vuelvan a obviarse los estudios citados para cubrir este tipo de plazas en el futuro.  Por ello, ha pedido su intervención al Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía como garante de la profesión a nivel regional, y apoyará cualquier acción que emprenda para revertir el agravio a las personas que han cursado sus estudios superiores en este ámbito. Asimismo ha enviado un escrito de queja  a la Diputación para mostrar su disconformidad con esta convocatoria.

  La APC cree necesario dignificar la profesión y fomentar su mejora, pero estas metas no se pueden alcanzar si se continúan menospreciando los estudios universitarios que habilitan para el ejercicio del Periodismo. La organización considera que la titulación no debe ser el único requisito que se debe tenerse en cuenta a la hora de seleccionar a un candidato, sí creemos que debe ser la primera e indispensable, más si cabe si se trata de una institución pública.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) alerta del retroceso de la libertad de prensa en España, con especial incidencia en Cataluña,  donde se ha desarrollado un clima de hostilidad hacia periodistas de medios nacionales y catalanes a consecuencia del conflicto independentista.

Sectores radicales de independentistas y de ultraderecha han aprovechado la tensión que se vive en Cataluña para cometer actos vandálicos contra medios opuestos a sus tesis, vilipendiar e intimidar a los periodistas en las redes sociales,  agredir e insultar a los reporteros durante la cobertura de las manifestaciones a favor o en contra de la independencia que se han realizado en dicha comunidad autónoma.

Libertad de prensa y libertad de expresión van unidas porque para que la primera sea realmente efectiva es necesario que la segunda esté protegida, sobre todo en estos tiempos de proliferación de falsas noticias que buscan precisamente vaciar de contenido tales derechos para minar las bases de nuestra democracia mediante la desinformación y la injerencia en los procesos electorales.

Por otra parte, el mantenimiento de la llamada “ley mordaza” sigue castigando el ejercicio libre del periodismo. A lo largo de 2017,  varios periodistas y fotorreporteros han sido sancionados por la policía cuando estaban cumpliendo en espacios públicos su misión de garantizar el derecho de información de los ciudadanos.

La libertad de prensa también corre peligro cuando los periodistas están sometidos a contratos precarios, con salarios que impiden avanzar en un proyecto de vida o, mucho peor, cuando se les humilla con ofertas de empleo sin remuneración.

Los parados de larga duración, los autónomos y los falsos autónomos, los becarios y los practicantes aparecen como la parte más perjudicada por la durísima crisis que ha afectado a nuestra profesión en la última década, reflejada en la pérdida de 12.200 empleos, una destrucción de puestos de trabajo que no está cerrada.

La precariedad extiende el miedo a perder el empleo y reduce la capacidad de los periodistas para resistir las presiones. En definitiva, pierden libertad, independencia y credibilidad. Los editores y los directores de los medios están obligados a ser los primeros en defender a sus periodistas de las presiones.

La libertad de prensa y de expresión se degrada igualmente con la desigualdad salarial que sufren las periodistas y las barreras a su ascenso profesional, a las que hay que añadir las situaciones de acoso en el trabajo y por parte de las fuentes, además del difundido en las redes, que persigue silenciar su voz.

En otro de los planos negativos, los partidos políticos siguen sin tramitar definitivamente la reforma de RTVE para asegurar la pluralidad y la independencia en el ente. Una reforma que, por cierto, la FAPE demanda que se extienda a todas las cadenas públicas.

En el plano positivo, y salvo por las restricciones mencionadas, la libertad de prensa está arraigada en España, como lo demuestran las investigaciones periodísticas que han destapado varios casos de corrupción y de abusos de poder.

La FAPE, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa,  que se celebra el 3 de mayo, plantea las siguientes demandas:

-A todos los responsables del acoso a los periodistas y a los medios en Cataluña, para que cesen la irresponsable campaña de intimidación con la que tratan de imponer sus ideas y situar como enemigos a aquellos que sostienen tesis contrarias.

-A los grupos parlamentarios, para que deroguen o reformen los artículos de la llamada “ley mordaza” que limitan el ejercicio libre del periodismo, sin respetar el derecho de información, pilar básico junto con la libertad de expresión de nuestra democracia.

-A los gobiernos, para que dejen trabajar libremente a los periodistas de los medios públicos, respetando su independencia de criterio para que puedan ofrecer una información de calidad en beneficio de los ciudadanos.  Y a los grupos parlamentarios, para que tramiten urgentemente la reforma de la ley de RTVE a fin de garantizar un servicio público plural que recupere la credibilidad entre los ciudadanos.

-A los responsables de los medios, para que tomen medidas contra la desigualdad  salarial entre hombres y mujeres, y contra los obstáculos que impiden la promoción profesional de las periodistas. Y para que actúen con inmediatez contra los casos de acoso a las periodistas en el trabajo, en las redes y por parte de las fuentes.

-A la sociedad, para que valore que una democracia es más fuerte cuantas menos trabas se  ponga a la libertad de prensa y al trabajo de los periodistas, sobre todo en una época de avalancha noticiosa que necesita más que nunca la visión de los informadores para distinguir  la verdad de la mentira.

-A los grupos parlamentarios, para que modifiquen la legislación a fin de que sea obligatoria la retribución a los becarios. La FAPE defiende que todo trabajo periodístico sea remunerado de forma digna. La precariedad salarial reduce el valor del periodismo como baluarte que es de la democracia.

-A los periodistas, para que defiendan su independencia con firmeza y apuesten por un periodismo ajeno a los poderes. También para que respeten el derecho de las personas a su propia intimidad e imagen y el principio de que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. La información jamás debe de estar supeditada al morbo, al espectáculo y al ensañamiento. Y en los debates, los periodistas debemos contribuir a la convivencia, nunca a la radicalización.

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la FAPE expresa su reconocimiento al  sacrificado trabajo que están haciendo los periodistas iberoamericanos, en especial en aquellos países donde defender la libertad de prensa y asegurar el derecho de información de  los ciudadanos pone en riesgo sus vidas.

En 2017,  82 periodistas o miembros de los equipos informativos fueron asesinados en el mundo, 18 de ellos en países latinoamericanos, con México (13) a la cabeza, sin que los gobiernos hayan actuado con diligencia para esclarecer los crímenes. En ese sentido, la FAPE apoya y colabora en la campaña de la Federación Internacional de Periodistas contra la impunidad.